Fabiola Diaz Lopez lost her husband, farm and home in the Colombian countryside in 2010 to the Colombian armed conflict. She traveled, 5 months pregnant, for 13 hours to get to the Pasto, Colombia, refuge for displaced people, which is funded by Catholic Relief Services. She now lives in an apartment with her four children, including her daughter, Joan, who was born in October, 2010. She receives food and hygiene kits through a program supported by CRS. Credits: CRS
Por Adriana Arrieta
La paz en Colombia permanece esquiva. Más de cuarenta y cinco años de guerra civil ha forzado una de cada diez personas a huir de sus casas.
Todos los días, algún colombiano es despojado en su propio país de sus pertenencias, o de su casar, o de su vida. Le son arrebatados sus sueños, sus anhelos, sus esperanzas. Sus ganas de vivir en muchos casos quedan truncadas.
Muchos de ellos encuentran la posibilidad de resurgir dentro del mismo país, pero lejos de la tierra que los vio nacer.
A otros no les queda más remedio que abandonar el país, con el objetivo de huir de todos los males de los que son víctimas y de los que el gobierno nacional no ha podido ayudarles.
De acuerdo con las cifras que presentó la ONG CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento), un total aproximado de 280 041 personas (alrededor de 56 000 hogares) fueron desplazadas en 2010 en Colombia por causa del conflicto armado y otras manifestaciones de violencia política y social. Este mismo estudio muestra que Colombia es el país con más desplazados internos y refugiados en el mundo, (5.28 millones de personas).
Se trata de una enorme crisis humanitaria que gran parte del mundo ha olvidado, y “es muy escasa la sensibilización de la opinión pública internacional sobre la seriedad de nuestra situación…”, afirma Mons. Héctor Fabio Henao, Secretario General de Caritas Colombia.
En Colombia, la Iglesia Católica ha jugado un rol fundamental en la asistencia a las víctimas de los conflictos armados, y ha dicho que para alcanzar la paz es necesaria la reconciliación de todos los actores, para lo cual, a su vez, son necesarias la verdad, la justicia y la reconciliación.
En Colombia, la Iglesia Católica ha brindado apoyo a la “Semana por la Paz”, que tradicionalmente se celebra cada año en el mes de septiembre desde hace más de 15 años. Este importante evento busca el incremento de la sensibilización de la trágica situación y el recuerdo de las víctimas del conflicto armado, así como la reparación de los daños de los afectados.
Sus primeros antecedentes remontan al 1986 cuando dos sacerdotes concluyen que se requiere un apoyo a las iniciativas de las sociedad con miras a la búsqueda de la paz. Luego de varias iniciativas a nivel local, en 1988 se realiza en Colombia la Primera “Semana por la Paz”. Este evento logra institucionalizarse y se realiza anualmente desde el 1994.
Participan en él grupos indígenas, líderes sindicales, grupos de derechos humanos y demás organizaciones a favor de la paz. Constituye un “espacio de reflexión y contrición, en la búsqueda de la tan anhelada y esquiva paz en Colombia”.
“Cada vida es irrepetible, cada persona es irremplazable y cada muerte es irreversible”, es la consigna de la Semana por la Paz.
La señora Laura Chacón González de Caritas de Colombia, nos explica que la Semana por la Paz se ha convertido en un “gran movimiento nacional que representa la resistencia de los colombianos a continuar viviendo en una situación de conflicto generalizado”.
Este año, los esfuerzos y las buenas intenciones desplegados para el éxito de este evento se vieron empañados por los asesinatos de los sacerdotes José Reynel Restrepo y Gualberto Antonio Oviedo Arrieta, ambas ocurridas durante septiembre y que inevitablemente enlutaron las actividades.
El padre Restrepo, 36 años y párroco del municipio de Marmato, hacía parte de un comité de defensa de este municipio frente a la inminente explotación minera a cielo abierto en la zona. El 1° de septiembre, el sacerdote fue asesinado cuando conducía su motocicleta en el campo luego de haber visitado a su familia.
En el segundo caso, pocos días después, el sacerdote Oviedo Arrieta del municipio de Capurganá (Chocó), fue asesinado con un machete. Con esta muerte se registran ya 6 sacerdotes de la Iglesia Católica asesinados en Colombia durante este año.
Laura Chacón menciona que a pesar de estos trágicos hechos la labor continúa. También nos comenta acerca de las próximas actividades en la agenda, entre las cuales resalta “crear vasos comunicantes entre las iniciativas de base, las instituciones educativas, ONG, Iglesias y a nivel de alto gobierno y comunidad internacional”.
Nos comenta que a nivel local, “la red de caritas diocesana es un medio que facilita entender la situación de crisis humanitaria frente al conflicto y nos hace testigos de lo que está ocurriendo en las regiones”.
Hemos establecido relaciones cercanas con entidades del Estado para la defensa y protección de los derechos humanos, como el sistema de alertas tempranas de la defensoría del pueblo y centro de atención a víctimas”.
A nivel internacional contamos con el apoyo del Grupo de Trabajo por Colombia, conformado por CAFOD (Caritas de Inglaterra y Gales), Trócaire (Caritas Irlanda), España, Suiza, Noruega, Francia, Alemania, CORDAID (Caritas Holanda y CRS (miembro Caritas con sede en los Estados Unidos).
Este apoyo internacional “ha sido muy importante en la promoción de objetivos, estrategias y prácticas comunes… para animar el fortalecimiento de la labor de la Caritas Colombia.”