Fr. Tentorio is one of many environmental campaigners killed in recent years in the Philippines. There have been 36 recorded killings of activists since 2007 in the Philippines, including seven in 2011. Credits: PIME
El P. Fausto Tentorio murió a causa de 8 disparos, mientras subía a su furgoneta aparcada delante de la Parroquia de la Madre del Perpetuo Socorro, en Arakan, Cotabato del norte, en octubre de 2011.
El misionero italiano de 59 años, del Pontifico Instituto de Misiones Extranjeras (PIME), llegó a Filipinas en 1978. Los amigos lo llamaban ‘Tatay Pops’, era famoso por defender la reforestación y a los indígenas de Mindanao. Sus hermanos lo describen como “un hombre amable, evangélicamente sencillo y prudente“, pero “extremadamente valiente” en su defensa de los marginados, especialmente los indígenas. Era una voz franca contra los daños que causan las compañías mineras en sus tierras ancestrales.
Él ya había recibido amenazas en pasado. En una de sus visitas a una aldea de indígenas, en 2003, dijo que unos hombres armados le habían amenazado diciéndole que le cortarían la cabeza. Aquella vez, los aldeanos le ayudaron a escapar.
El P. Tentorio es uno de los numerosos ambientalistas asesinados recientemente en Filipinas. Desde 2007, se han registrado oficialmente 36 asesinados de activistas y de ellos siete en 2011: “La situación es cada vez peor.
En los últimos tiempos somos testigos de una preocupante racha de asesinatos de ambientalistas que siguen sin resolverse”, dice el P. Edwin Gariguez, Secretario Ejecutivo de Caritas Filipinas-Nassa. En marzo de este año, Jimmy Liguyon fue asesinado con arma de fuego en su casa de San Fernando Bukidnon. Era líder de una organización de pueblos indígenas, que trabaja defendiendo y promoviendo los derechos de la tierra y la utilización sostenible de los recursos medioambientales.
Francisco Canayong estaba yendo a su casa en bicicleta, el pasado 1 de mayo, en Samar oriental, cayó en una emboscada y fue apuñalado a muerte. Era una figura central en la defensa del medio ambiente y en pasado rechazó sobornos, para hacerle cambiar su postura contra las compañías mineras. También recibió amenazas de muerte.
El 9 de mayo, Margarito Cabal, de 47 años, casado y padre de tres hijos, fue asesinado a tiros en su casa de Bukidnon, por dos hombres armados que se desplazaban en moto. Cabal era funcionario de la administración local, muy conocido por su oposición a la construcción de una presa enorme en el extensa área de Bukidnon y Cotabato, Mindanao.
La Iglesia católica de Filipinas denuncia que reina la cultura de la impunidad en el país, porque el Gobierno no ofrece protección ni justicia a los constructores de paz. “Ningún defensor de los derechos humanos debería vivir en el terror a causa de sus creencias”, afirma el Obispo Broderick Pabillo, Presidente de Caritas Filipinas-NASSA.
After countless unsolved killings, many people in Mindanao search for justice. Credit: Annie Bungeroth/CAFOD
El asesinato de el P.Tentorio siguen siendo un caso sin resolver hasta la fecha. Así mismo, los asesinos de Francisco Canayong todavía no han sido identificados. Armin Marin, un acérrimo activista medioambiental de Sibuyan, fue asesinado a tiros en octubre de 2007, mientras dirigía un piquete de centenares de defensores antiminas. Tras cinco años de investigaciones y audiencias, Mario Kingo, el hombre acusado de matar a Marin, fue condenado el pasado mes de mayo a tan solo tres años de prisión.
La viuda e los hijos de Jimmy Liguyon se han unido a otras familias que viven las mismas circunstancias y siguen pidiendo justicia. Todos ellos han ocupado un campamento improvisado en Bukidnon, en señal de protesta de por la continua militarización que sufren sus comunidades. El 21 de marzo, la hija de Liguyon, Jasmine, dio a luz a un bebé dentro de la tienda de campaña familiar. Decidieron llamar al bebé Justice Jimmy.
“Además de las típicas expresiones de pésame y condena, el Gobierno y las autoridades estatales realmente no han hecho nada para invertir esa insensata tendencia de asesinatos en el país”, dice el Obispo Pabillo. “Las víctimas, sus familias y amigos, no necesitan palabras vacías. En lugar de eso, quieren que se ponga fin a los asesinatos, y no quieren ser consolados con las obviedades que dicen en respuesta a nuestro dolor”.
Filipinas cuenta con el tercer mayor yacimiento de oro del mundo y el cuarto mayor yacimiento de cobre. La mayor parte de los territorios de expansión minera se encuentran en los territorios que pertenecen tradicionalmente a pueblos indígenas. La Ley de Derechos de los Pueblos Indígenas de 1997 estipula la protección jurídica de las comunidades aborígenes, sin embargo, algunos críticos, incluyendo a Relator Especial de la ONU para los Derechos de los Indígenas, afirman que, al ser discordante dicha ley respecto a otras legislaciones, no resulta debidamente aplicada.
Open-cast mining by multinational companies causes huge environmental damage in the Philippines. Credit: Annie Bungeroth/CAFOD
En muchas zonas de Filipinas la minería causa un impacto desastroso en las vida de muchos pueblo aborígenes. Muchos de ellos han sido obligados a abandonar sus tierras, viendo luego destruir sus lugares sagrados y sus comunidades desarraigadas, destrozadas por los conflictos. La riqueza de recursos naturales ha generado beneficios enormes a las compañías mineras, mientras un cuatro de la población vive por debajo del umbral de la pobreza, un dato que sigue siendo constante en los últimos cinco años.
Estos problemas han empujado a la Conferencia Episcopal filipina a condenar la política minera del Gobierno. También quiere que se ponga fin a los asesinatos cuyos responsables deben ser juzgados. En 2008, el Consejo de Derechos Humanos, con sede en Ginebra, recomendó a Filipinas “intensificar sus esfuerzos para llevar a cabo las debidas investigaciones y sucesivos procesos relacionados con los asesinatos extrajudiciales y castigar a los responsables”. El Gobierno filipino aceptó dichas disposiciones, sin embargo sólo ha llevado al proceso, con éxito, a cuatro casos de asesinatos extrajudiciales, según indica Human Rights Watch. El Consejo de Derechos Humanos de la ONU tiene previsto revisar el compromiso del Gobierno sobre cuestiones de derechos humanos, durante la primera semana de junio de este año.
El P. Edwin Gariguez, de Caritas, dice que considerando que no se han adoptado medidas decisivas, para abordar la cuestión de los asesinatos de los ambientalistas y activistas antiminas “nos sería una sorpresa si el Gobierno filipino recibiera una revisión negativa”. Mucho antes de su asesinato, el P. Fausto Tentorio pidió ser enterrado en un ataúd construido con madera de su árbol de caoba preferido: uno que él mismo plantó en los años 1980. En su honor, sus parroquianos han talado el árbol y construido un ataúd para él. El P. Tentorio realizó su deseo, sus amigos, compañeros y parroquianos, exigen ahora el suyo: ninguna impunidad para los asesinos, terminar con los asesinatos y la destrucción del medio ambiente en sus tierras.
RECURSOS:
- Sitio Web Caritas Filipinas
- Three-years for killing green activist – Not enough! Comunicado de Prensa ATM
- When will the killings stop? Declaración del Obispo Broderick Pabillo, Presidente de Caritas Filipinas-NASSA
- Justice for the killing of Francisco Canayong. Philippine Misereor Partnership, Inc statement
- Declaración Pastoral de los Obispos de la Isla de Samar
- Carta Pastoral del Obispo Jose Cabantan sobre el asesinato de Jimmy Liguyon
- Informe de completo de 36-páginas PDF-CAFOD (Caritas Inglaterra y Gales) Kept in the Dark sobre el controvertido proyecto de BHP–Billiton, en Macambol, Filipinas, con recomendaciones para la acción (2008)