Por Carlos Guillermo León
La situación de extrema pobreza, conflictos armados, el limitado acceso a los medios de desarrollo y en ciertas ocasiones; la coacción familiar, impulsa cada día a más niños, niñas y adolescentes provenientes de la región de Centroamérica a viajar por los corredores migratorios con la intención de alcanzar la frontera con los EEUU, o en su caso, intentar suerte en México. Muchos países al igual que México, han suscrito ya diversos instrumentos internacionales de protección de los Derechos Humanos de la niñez, y han consignado en sus legislaciones principios como el interés superior de la niñez y el principio pro persona. Sin embargo, en la actualidad, situaciones como la protección de los migrantes, en especial de los menores, siguen formando parte de las materias urgentes.
El Instituto Nacional de Migración de México reportó a finales del 2013 una alta cifra de eventos migratorios relacionados con menores , organizaciones como Caritas trabajan por la protección de estos menores y abogan por la adopción de nuevas políticas por parte de los Estados, que tengan como eje central el desarrollo integral de la persona. Por ejemplo, Caritas México ha elaborado Protocolos de Atención y Acompañamiento Integral a los Migrantes, con especial atención a los menores de edad conforme al marco normativo mexicano y ha suscrito un convenio de colaboración con la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
Reconocidos como población vulnerable, podemos considerar que las violaciones a la dignidad se agravan cuando se combinan la edad y la condición migratoria, por lo que se requieren esfuerzos específicos y un diálogo más estricto por parte de los Estados, las Organizaciones Civiles y sociedad en general. Así lo han entendido las Caravana de Madres Centroamericanas, una organización formada por madres provenientes de Honduras, Nicaragua, Guatemala y El Salvador; que año con año, hacen un llamado a las autoridades mexicanas para obtener respuesta sobre el paradero de sus hijos, hijas y nietos desaparecidos durante el proceso migratorio.
En Octubre de 2012, tuve oportunidad de participar en una de sus Caravanas. “Vivos los mandamos, vivos los queremos” fueron algunas de las consignas que exclamaron las madres en su recorrido por las vías del ferrocarril, donde rindieron un homenaje con flores a todos los que ya no están. Porque desaparecer no es lo mismo que morir, no se cierra el ciclo del duelo y el anhelo permanece, desgastando profundamente a las familias.
Acompañé y entrevisté a algunas de las madres a su paso por México. Cada una de ellas colgaba del cuello la foto de su familiar desaparecido. Ver las fotos de esos rostros infantiles sacude el alma. Dilma Escobar de Medina de Progreso, Honduras, estaba ahí porque su hija, Olga Romero, migró a Tapachula, Chiapas, para trabajar en una maquila y poder mandar dinero para sus cinco hijos. La mañana del 27 de Enero del 2010 fue la última vez que la señora Dilma habló por teléfono con su hija. Se quedó esperando el giro para hacerles unas fotografías a los niños, y así como en un suspiro, se la llevó el viento… Dilma visitó Tapachula y los sitios donde estuvo su hija; buscó a las compañeras con las que vivía, quienes negaron haberla conocido. Olga Romero, muy probablemente sea una víctima más de las redes de tráfico y trata de personas que operan en la región sur de México.
Pocas madres han podido encontrar a sus familiares desaparecidos, pero la búsqueda no cesa. Continuaron su recorrido por la República Mexicana y así llegaron a San Fernando, Tamaulipas, necrópolis de los migrantes. Construida ante la indiferencia de la sociedad, la corrupción y el olvido, donde en 2010 se encontraron los cuerpos de 72 personas, y que fue descubierta gracias al testimonio de un superviviente. Durante el 2011 se volvió a repetir la masacre y al menos otras 193 personas fueron encontradas en fosas clandestinas. En ese mismo año, la CNDH revelaba a través de un Informe Especial, que durante un periodo de seis meses se habían registrado 11,333 eventos de secuestro de migrantes. Los reportes oficiales indican que en ninguna de las dos ocasiones se encontraron víctimas menores de edad en San Fernando. Sin embargo, nada nos puede asegurar lo contrario.
Un migrante me explicó que “sobre las vías del ferrocarril todos somos iguales, nadie juzga los motivos, se comparten las esperanzas, las ilusiones y los temores”. Apelando a este espíritu de solidaridad, es necesario que los instrumentos legales que ya han sido adoptados para la protección de los menores migrantes, se conviertan en una realidad. Porque son los más vulnerables, entre los vulnerables.
Ser migrante es una condición de la persona, que no disminuye o aumenta sus cualidades o capacidades. Es una circunstancia que responde a las necesidades más esenciales del ser humano; el desarrollo, la libertad, la esperanza y la felicidad.
Porque ser un migrante no es un delito, es una lucha por el desarrollo, los propios sueños y el porvenir. Debemos proteger al núcleo esencial de nuestra sociedad. Solo trabajando de manera conjunta podremos lograr que el día de mañana cuando a un niño o a una niña le pregunten “y tú: ¿qué quieres ser de grande?”, no tenga que contestar, migrante.