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La Iglesia católica ha defendido a la gente de Sri Lanka a lo largo de su problemática historia.<br /><p class=Crédito Patrick Nicholson/Cáritas" src="http://www.caritas.org/wp-content/uploads/2014/03/2012SRILANKAJULYPOSTWAR2642-266x200.jpg" width="266" height="200" /> La Iglesia católica ha defendido a la gente de Sri Lanka a lo largo de su problemática historia.
Crédito Patrick Nicholson/Cáritas


La Iglesia católica de Sri Lanka ha expresado su preocupación por el arresto de dos importantes activistas de derechos humanos, el padre Praveen Mahesan y Ruki Fernando, bajo la ley antiterrorista.

Los dos fueron detenidos durante el fin de semana en Kilinochchi, un pequeño pueblo del norte de la isla. Bajo la legislación, pueden estar detenidos durante 18 meses sin juicio y pueden ser condenados a hasta 20 años de prisión.

En una declaración, el padre George Sigamoney, Secretario ejecutivo de la Comisión de Justicia, Paz y Derechos humanos de la Conferencia Episcopal Católica de Sri Lanka ha expresado:

“Estamos verdaderamente preocupados por el arresto arbitrario de un sacerdote católico, el padre Praveen Mahesan (OMI) y el Sr. Ruki Fernando, bajo la ley de Prevención del Terrorismo (PTA), el 16 de marzo de 2014 en Kilinochchi”

“Nuestra información es que el padre Praveen Mahesan y el Sr. Ruki Fernando, conocidos defensores de los derechos humanos, estaban en Kilinochchi para asegurarse del bienestar de las familias de las personas desaparecidas, entre las cuales se encuentran Mrs. Balendran Jayakumari y su hija de 13 años, quienes habían sido arrestadas bajo la PTA unos días antes por supuestamente dar asilo a un sospechoso de un tiroteo en Kilinochchi en el que, al parecer, un oficial de policía resultó herido”.

“Hemos sido informados de que el padre Parveen Mahesan y el Sr. Ruki Fernando están actualmente detenidos en la sede de la TID (División de investigación del terrorismo) en Colombo”.

“Apelaremos a las autoridades competentes para que puedan tener contacto con sus familias y sus abogados durante su detención”.

“Al mismo tiempo, instaremos a las autoridades a seguir el debido proceso en las investigaciones, a llevar a cabo las instrucciones de manera trasparente, en la que se dé un tratamiento justo a los detenidos y se vele por su seguridad, y, por último, a concluir las investigaciones con la mayor prontitud”.