David Snyder

Sentado en una silla marrón de plástico, dándole vueltas suavemente con la punta de sus dedos a una hoja de papel enrollada, Manikarasa, tiene un cierto aire de profesor de universidad. Serio y atento, se siente orgulloso de contar su historia a los cooperantes que le visitan – y no hay muchos de ellos estos días por aquí, en este campamento de refugiados de Trincomalee (Sri Lanka).

Como los demás, unas 308.000 personas, Manikarasa - que todos conocen por un sólo nombre, algo muy frecuente en este país – se ha visto atrapado en el silencioso conflicto de Sri Lanka, que ya ha provocado 70.000 muertos en el país, desde que comenzó en 1983. En los últimos 25 años, 800.000 personas se han desplazado, todas ellas de las regiones del nordeste. Cuando las fuerzas gubernamentales entraron en los distritos de Trincomalee y Batticaloa, tradicionalmente en poder de los tamiles, en agosto de 2007, Manikarasa, su familia y decenas de millares de otras personas de su ciudad natal, Muthur, y los alrededores, se desplazaron. “Durante los enfrentamientos, pasamos grandes dificultades. Primero fuimos a Batticaloa y luego vinimos a Trincomalee”, recuerda Manikarasa.

Las tensiones se han ido incubando durante mucho tiempo, mientras el acuerdo para un alto el fuego ha fracasado, el alcance y la magnitud de los desplazamientos son un reto, para las agencias humanitarias, como Caritas Sri Lanka, que lleva muchos años trabajando en esta región oriental del país. Cuando empezaron a llegar los desplazados a Trincomalee y el vecino distrito de Batticaloa, Caritas fue rápida en la distribución de material de refugio, alimentos, servicios higiénicos, asistencia sanitaria y artículos no alimentarios esenciales, para más de 103.000 sin techo.

Considerando la devastación provocada por el tsunami, que destruyó el sureste asiático a finales de 2004, causando la muerte de centenares de millares de personas sólo en Sri Lanka, las iniciativas relativas a la actual emergencia, en la zona oriental del país, han sido particularmente desafiantes, dice el P. Francis Díaz, Director de la Oficina Oriental para el Desarrollo Económico y Humano, oficina destacada de Caritas Sri Lanka en Trincomalee. “Por una lado estaban las actividades del tsunami y por otro los desplazados por el conflicto y teníamos que equilibrarse ambas operaciones”, dice P. Díaz.

Caritas ha llevado a cabo un intenso plan de reconstrucción, tras la catástrofe del tsunami. Un plan que implica la construcción o reparación de más de 7.773 viviendas, desde 2004. Por ello, Caritas se encontraba ya en buena predisposición para poder responder a esta crisis de desplazados. “Somos una organización eclesial, pero contamos con una buena red, ya establecida antes del tsunami. Sin embargo, después del tsunami era incluso más eficaz”, indica el P. Díaz.

Cuando la situación se fue tranquilando, los desplazados por el conflicto comenzaron a regresar a sus casas, mientras los programas de Caritas pasaban de la fase de emergencia, a la de recuperación y rehabilitación a largo plazo. Hoy Caritas se ocupa de la distribución de material para refugio provisional, ayuda a la enseñanza y el sustento, asistencia psicosocial y para la rehabilitación a largo plazo, de quienes regresan a casa, en las zonas laceradas por la guerra, de los distritos del noroeste del país.

Pero para Manikarasa y las más de 350 personas que compartían los sofocantes confines del Centro Cultural Hindú, convertido en campamento de desplazados, el regreso a casa parece lejano. Mientras siguen los enfrentamientos, el gobierno de Sri Lanka ha declarado algunas áreas “particularmente sensibles” como zonas militares, y no permitirá un nuevo reasentamiento para los desplazados de los campamento. En lugar de ello, el gobierno está buscando terrenos en otro lugar, para que los 20.00 desplazados que quedan puedan vivir. Mientras está en el campamento, Manikarasa ha sabido del un oficial del distrito que su aldea, Sambur, se encuentra en una de esas zonas.

“Para el Gobierno, Sambur es una zona de alta seguridad y solo el Gobierno puede entrar en ella”, dice Manikarasa. “El Gobierno nos ha dicho que nos vayamos a un lugar cerca de Sambur, pero allí no hay agua y por eso no queremos ir”.

Mientras decenas de millares de cingaleses empiezan a reconstruir sus vidas, tras la reciente ola de violencia, muchos de ellos con la ayuda de Caritas Sri Lanka, Manikarasa y otra personas como él se quedan atrás, teniendo ante ellos un futuro incierto. Como muchos otros campamentos semejantes, en el Centro Cultural Hindú hace mucho calor y la vida resulta incómoda, sin ninguna de las satisfacciones que uno puede tener en la propia casa. Sin embargo para Manikarasa, las alternativas son limitadas. “Si el gobierno dice que podemos volver a casa, a nosotros nos gustaría volver. Pero si no podemos hacerlo, tendremos que quedarnos aquí”, concluye Manikarasa.