La Convención sobre los Derechos del Niño exige a los 193 Estados Partes que reconozcan el derecho del niño al disfrute del más alto nivel posible de salud y a servicios para el tratamiento de las enfermedades y la rehabilitación de la salud.

La Convención cumplirá 20 años el próximo 20 de noviembre de 2009. Con este motivo, pedimos a los dirigentes políticos que comuniquen a los niños de todo el mundo cómo han promovido y respetado el derecho de los niños a la salud.

Hay que seguir presionando para que todas las mujeres embarazadas infectadas por el VIH reciban el tratamiento que precisan para su propia salud y para evitar la transmisión del VIH a sus hijos; para que los niños sean sometidos a pruebas de diagnósticos en el momento oportuno; y para que los niños que viven con el VIH tengan acceso al tratamiento esencial que merecen.

Los gobiernos y las empresas farmacéuticas juegan un papel fundamental en el acceso de los niños a los medicamentos. Pero los niños están quedando olvidados en los esfuerzos globales y nacionales por abordar el VIH y el SIDA.

El tratamiento antirretroviral pediátrico para el VIH y para la infección conjunta de VIH y tuberculosis en niños no es rentable, ya que el mercado de cuidados antirretrovirales pediátricos existe principalmente en los países de bajos ingresos.

Pero todos somos responsables de estos niños. No podemos dejar que los beneficios primen sobre las personas.

¿Cómo es posible permitir que un niño o niña contraiga el VIH de su madre cuando existen medios asequibles para evitar esa transmisión?

¿Cómo somos capaces de tolerar que un niño VIH positivo muera de enfermedades relacionadas con el SIDA por el mero hecho de que gobiernos y empresas farmacéuticas no quieran invertir en investigación y desarrollo de las formulaciones pediátricas necesarias para el tratamiento del VIH y VIH y tuberculosis en niños?

Las compañías farmacéuticas pueden influir enormemente en que se cumpla ese derecho esencial del niño.

Los precios fijados por las compañías farmacéuticas para los medios de diagnóstico necesarios para detectar el VIH en niños o para los medicamentos antirretrovirales pediátricos son demasiado elevados.

Cuando se niegan a invertir en investigación y desarrollo de medicamentos pediátricos para el VIH que tanto se necesitan, o cuando exigen medidas legales que limitan el acceso a medicamentos para personas VIH positivas, estas empresas menoscaban la capacidad de los Estados de respetar, promover y hacer realidad el derecho a la salud.