Ingrid Betancourt ha sido rescatada, tras un secuestro de más de seis años, mientras sigue el conflicto en Colombia, que ya dura cuarenta años. Silencioso porque pocas personas, fuera de Colombia, han oído hablar del cooperante de Caritas asesinado el pasado mes de junio; ni de los cuatro maestros secuestrados – dos de ellos asesinados sucesivamente, la misma semana;  o los tres niños que, mientras vagaban por los campos buscando melocotones, el día antes de la liberación de Betancourt, saltaron por los aires al explotar unas minas de tierra.
 
“La liberación de Ingrid Betancourt es una muy buena noticia para la Iglesia y un importante paso adelante, para resolver la crisis humanitaria de Colombia. Sin embargo, tenemos que esperar hasta que tengamos una idea más clara de toda la situación, porque es una crisis muy complicada”,  dice Mons. Héctor Fabio Henao, Secretario General de Cáritas Colombiana.
 
Es una crisis en la que algunos grupos guerrilleros de izquierdas, otros paramilitares de derechas y el Ejército, están en guerra. Se estima que unos cuatro millones de personas se hayan visto forzadas a desplazarse, desde 1985, en un país que es el primero de la lista de los lugares donde se registran más “accidentes”, a causa de la explosión de minas de tierra.
 
“Los obispos de Colombia trabajan intensamente con los grupos armados, para convencerles de la necesidad de intentar establecer las condiciones necesarias para una paz justa y negociada, en nuestro país”, nos indica Mons. Henao.
 
A veces, los obispos hacen de puente, entre los grupos armados y las comunidades, intentando discutir sobre la paz y de cuestiones humanitarias. Trabajan junto a las organizaciones humanitarias, ayudando a empujar leyes en el Parlamento, con el fin de conseguir indemnizaciones para las víctimas de la violencia y los desplazados.
 
En las comunidades de base, Cáritas Colombiana apoya a las víctimas de la violencia y sus familias, intentando implicar a las comunidades en actividades orientadas a la construcción de paz. Mons. Henao afirma que las personas que trabajan para Caritas en este ámbito corren grandes riesgos y, a veces, incluso pagan con la vida – como  Felipe Landazury, que fue asesinado por hombres armados, en Candelilla de la Mar, Tumaco, cerca de la frontera con Ecuador, el pasado 24 de junio.
 
“Los grupos armados legalizados no comprenden el compromiso de la Iglesia y se confunden pensando que si uno trabaja ayudando a las víctimas del conflicto, está contra ellos”, nos cuenta  Henao.
 
La guerrilla sospechaba que los cuatros maestros secuestrados recientemente facilitaban información al Ejército. El secuestro tuvo lugar en la diócesis de Ipiales, donde a veces los enfrentamientos son intensos. Otros maestros han sido amenazados, después ese secuestro, y ahora toda la población tiene  miedo.

“En esa zona, los maestros son las únicas personas que trabajan con los sacerdotes, en las comunidades locales, y esta situación plantea un grave problema, porque la diócesis cuentan con muchos pequeños colegios, para los hijos de los campesinos pobres, pero el número de maestros seguirán disminuyendo, si siguen las amenazas. Por este motivo, las diócesis están intentando convencer a los guerrilleros para dejen que los maestros vuelvan a los colegios, porque si no lo hacen, no habrá educación para los niños, en el próximo futuro”, indica Henao.