Ecuador es uno de los lugares con mayor biodiversidad del mundo. Desde la selva amazónica, el altiplano andino, los manglares costeros hasta los bosques nublados, alberga más de dos tercios de la biodiversidad mundial. Al mismo tiempo, existen varios problemas asociados a la violación de los derechos humanos de las comunidades que habitan todos estos ecosistemas.
Estas comunidades han sido víctimas de las graves consecuencias devastadoras causadas por la minería, los vertidos de petróleo y otras industrias. Además, la falta de educación medioambiental desencadena varios problemas, como la acumulación de basura y la mala gestión de los residuos sólidos.
En este marco, Cáritas Ecuador acompaña los procesos de incidencia en los territorios afectados por las industrias extractoras, de petróleo y en minas, y por la contaminación de los vertederos. A través de la incidencia, las comunidades locales pueden reunirse para identificar necesidades comunes y organizarse, con el fin de influir en las decisiones de las políticas públicas.
En la Amazonía ecuatoriana, se han derramado más de 20.000 barriles de petróleo y eso está afectando a más de 150 comunidades. En respuesta, Cáritas está apoyando a 12 comunidades kichwas con asistencia medioambiental, jurídica y ayuda humanitaria.
Los residentes afectados dicen que los vertidos de petróleo lo han destruido todo. Según Vincente Pauchi, residente de San Pablo en Orellana: “El último vertido es el peor porque destruyó toda la naturaleza del río, la biodiversidad. Mató los peces, todo lo que había en el río”.
Seberia Grefa, de Playas del Río Tigre, en Sucumbíos, añade: “Los niños se enferman mucho, todos tienen vómitos, diarrea. Les da fiebre, tienen gripe. Aquí no se puede vivir”.
Más de 400 mecheros de gas arden día y noche, liberando gases tóxicos a través de sus antorchas. Cuando llueve, ese gas baja y se filtra en el suelo, contaminando gravemente la fauna y la flora, además de provocar cáncer en las personas.
En 2016, se desarrolló la campaña ciudadana “Contra los mecheros de la muerte“. Cáritas y otras organizaciones participaron en esa campaña, y se logró realizar una demanda de protección en 2021, para apagar los mecheros. Sin embargo, a día de hoy, esa sentencia aún no se ha cumplido.
En el norte, en el sur y en las regiones amazónicas de Ecuador, las empresas mineras han dañado la naturaleza y violado los derechos humanos de las comunidades que viven cerca de los ríos Anzu y Jatunyaku, afluentes del río Napo, y en los sectores más pobres de Esmeraldas, como San Lorenzo.
La minería ha causado serios daños en la tierra y ha envenenado el agua de los ríos. El río Santiago y el río Cayapas tienen unos 100 afluentes cada uno. Sin embargo: “Todos los torrentes no son aptos para el uso humano y tampoco para los animales“, dice José Ponce, de Borbón, en Esmeraldas.
Las empresas mineras vierten mercurio, otros metales pesados y basura, en los sistemas fluviales. Las familias que viven junto al río no pueden alimentarse, beber el agua o usarla para bañarse porque está contaminada: “En muchos casos utilizan mercurio y otros metales como el bórax, por ejemplo, y todo eso va al agua“, dice Daniel Robles, de Tena, en Napo.
Hasta la fecha, Cáritas ha acompañado a unas 5000 familias en procesos de formación y otras actividades destinadas a empoderar a las comunidades para que se defiendan y exijan sus derechos. En Orellana, Cáritas apoya a las comunidades de La Paz, El Oro, Los Laureles y Seis de Octubre con una demanda de protección, que ha sido presentada ante el tribunal provincial de Orellana. El tribunal aceptó la demanda.
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